Contra
la piratería editorial
La
piratería constituye una de las mayores preocupaciones
actuales en el sector editorial. Su práctica da lugar
a ingentes pérdidas y perjuicios tanto para editores
como para autores y las medidas que se proponen no parecen
ser suficientes para detenerlas.
La
piratería editorial, tal como es presentada actualmente
por las compañías editoriales y las asociaciones
de escritores, parece haberse potenciado como consecuencia
de los modernos recursos tecnológicos y las posibilidades
que éstos brindan para la reproducción y copia
de los libros. Todos los foros nacionales e internacionales
se posicionan en esta tesitura y a partir de ella discuten
y elaboran estrategias para combatirla.
Sin
embargo, cabe precisar que esta es una forma muy parcial y,
desde el punto de vista de los escritores, limitada de tratar
el fenómeno de la piratería. Esta forma de negocio
fraudulento afecta fundamentalmente a las grandes compañías
editoriales y a un limitadísimo número de escritores.
Esto, obviamente, no significa que esta piratería no
merezca ser combatida con todos los medios legales, políticos
y económicos y con todos los recursos técnicos
posibles. Pero esta focalización exclusiva excluye
y oculta otra práctica pirata que afecta gravemente
a los escritores que constituyen el principal núcleo
de la fuerza laboral productiva del sector editorial. De hecho,
esta otra clase de piratería perjudica única
y exclusivamente a los escritores, quienes sorprendentemente
aparecen en el horizonte de la industria editorial marginados
de los derechos que gozan los demás trabajadores de
cualquier otro sector productivo.
Para
decirlo de otro modo, la editorial es la única industria
que actualmente puede darse el lujo de tener ejecutivos y
administrativos y, aparentemente, carecer de productores.
La industria editorial produce libros, pero en apariencia
no existen quienes los escriben. Extraña industria
esta cuyos productores no desempeñan en un papel laboral
principal en sus estructuras productivas. Esta situación,
que puede ser corregida con oportunas y precisas enmiendas
a los artículos 8 y 51 de la Ley de Propiedad Intelectual
principalmente y la redacción de otros artículos
que especifiquen claramente el tipo de relación laboral
que el escritor y el editor establecen sin menoscabo de los
derechos autorales, es fuente de enormes pérdidas para
los escritores como autores de encargo.
La
interpretación interesada que las editoriales hacen
de la LPI, valiéndose de su posición de fuerza
en el mercado laboral, es el soporte fundamental de la piratería
de los derechos de autor. Entre otros recursos abusivos, la
mayoría de las editoriales utiliza el concepto de "tanto
alzado" cantidad cerrada por la creación
y redacción de un libro no sólo como acuerdo
de remuneración por la realización de una obra
determinada, sino, forzando su alcance, como recurso de cesión
total de los derechos autorales, sin límites de tirada
y de tiempo, y como autorización tácita para
nuevas ediciones y versiones o copias, los consabidos "fusilamientos",
en otros formatos.
Basta
ver en las librerías la ingente cantidad de libros
en la que no aparece el nombre del autor en tapa ni en páginas
interiores ni en los créditos o bien aparece un nombre
ficticio, que no es un seudónimo de un autor real sino,
tal como recogen los datos del ISBN, el subterfugio tras el
cual el editor oculta a un improbable "equipo editorial"
como redactor-autor, para tener una idea de la gravedad del
problema.
Esta
práctica extendida y naturalizada en la industria editorial
española priva a los escritores también a los
traductores de importantes y legítimos ingresos y
distorsiona sus economías personales, llevándolos
en muchos casos a situaciones muy críticas, como pueden
testimoniar los servicios sociales de CEDRO, a las que tampoco
son ajenas la inestabilidad laboral, la dispar relación
de fuerzas entre editores y escritores, y el total desamparo
social de éstos.
De
modo que cuando se habla de lucha contra la piratería
editorial no sólo cabe apuntar a los "top manta"
y a sus patrocinadores, sino también a quienes transforman
abusivamente los derechos remunerativos de los autores en
parte de sus beneficios empresariales. Todos los implicados
del sector, escritores y editores, deben tomar conciencia
de la anomalía de esta situación y sus efectos
en un vínculo laboral muy especial y abordarla con
ánimo de corregirla y crear condiciones más
justas para las partes. El reconocimiento de la figura del
escritor como autor de encargo, tanto por editores como por
escritores, y las oportunas enmiendas y precisiones en la
LPI contribuirán sin duda a acercar posiciones y a
modernizar y normalizar las relaciones de los principales
actores de la industria editorial. Los escritores, en tanto
que trabajadores de una industria que genera un importante
porcentaje del PIB nacional, no pueden seguir marginados de
sus beneficios ni extrañados de las leyes laborales
y de protección social.
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Publicado en el Boletín de la ACEC, nº
54, mayo-junio, 2004.
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