Ilustración de Dante Bertini

El escritor contemporáneo, alcanzado por los efectos de la industrialización de la cultura y la extensión del oficio, se ha convertido en un trabajador en relación de dependencia que rompe con el mito de su autonomía. Pero esta transformación de su posicionamiento social no ha tenido correlato en su situación laboral, la cual se parece más a la de un obrero del siglo XIX que a uno del siglo XXI.

El complejo proceso civilizador iniciado con la Revolución Industrial ha desembocado en el siglo XXI en una nueva revolución tecnológica, en la que el escritor, sin entrar a considerar su función artística, aparece desde el punto de vista profesional anclado en las premisas y consideraciones sociales que rigieron hasta el siglo XIX. Su situación actual revela que no sólo no conserva el estatus social decimonónico sino que tampoco se ha beneficiado de los avances sociales ganados por la clase trabajadora, a la que sin duda pertenece hoy por el carácter de sus vínculos laborales.

Los factores que han conducido a esta especie de exclusión, o autoexclusión, del escritor del sistema que regula las relaciones entre trabajadores y empresarios son varios. Algunos de ellos están relacionados con la naturaleza intelectual de la materia prima y de las herramientas empleadas para elaborar el producto. La peculiaridad del material y de los instrumentos de manipulación con los que trabaja el escritor ha actuado tradicionalmente como agente potenciador de una suerte de «egolatría artística» alimentada por el mecenazgo de reyes y hombres ricos, y aceptada admirativamente por la masa social, lega o letrada, en tiempos en que el ser humano dominaba sus propias realizaciones. Sin embargo, la velocidad con que la industrialización del siglo XX transformó su producción singular en producto de consumo y sometió su capacidad de creación a las leyes fabriles y mercadotécnicas impidió al escritor asimilar progresivamente los cambios radicales que se fueron produciendo en su situación.

Aferrado al prestigio social que le daba su calidad de intelectual, el escritor del siglo XX no advirtió que el editor había pasado de ser un «gestor cultural» a ser un «gerente» atento a los beneficios empresariales y no a los intereses artísticos. Tampoco supo ver que el antiguo mecenazgo se había transformado en un patronazgo salarial para una mayoría, cuyas exiguas remuneraciones contribuían a financiar los sueldos o adelantos de una elite que había asociado su nombre a una marca editorial.

Esta incapacidad para adaptarse a los cambios impuestos por la revolución tecnológica y la moderna sociedad de consumo y, consecuentemente, para reconocerse como «productor» de la industria editorial explica su desamparo social y a la vez la percepción errónea que el resto de la sociedad tiene de él y de su situación. Tampoco las asociaciones en las que se agrupa han abordado sin prejuicios la problemática del escritor-productor, acaso porque a sus mismos dirigentes les cuesta aceptar la proletarización del intelectual.

Estos y otros factores hacen necesario un debate profundo sobre la «verdadera» problemática del escritor en la actualidad, cuyos resultados deben traducirse en una concepción más moderna de los derechos de autor y de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En este sentido, el debate debe de centrarse no sólo en la figura del autor que, por su posición social o profesional, puede desarrollar su obra de modo más o menos independiente, sino en la del escritor como autor de encargo.

La figura del escritor como autor de encargo comprende a miles de creadores sobre quienes recae el mayor peso de la producción editorial. En la actualidad casi todos los escritores pueden ser categorizados como autores de encargo, en la medida que aun aquellos que han alcanzado la consagración mediática escriben determinadas novelas u otros libros por expreso pedido de un editor.

Pero, aparte de esa minoría que, por su posicionamiento en el mercado y la asociación de su nombre a determinado sello editorial, puede negociar mejores condiciones contractuales y encuadrarse en los mejores supuestos legales, existe una mayoría más o menos anónima que trabaja bajo condiciones draconianas. No obstante la importancia vital de su trabajo para la industria editorial, la relación laboral de dependencia que mantienen los autores de encargo con las empresas editoras está determinada por una precariedad y una indefensión que mucho se asemejan a las de un trabajador no especializado de los albores de la industrialización.

La vulgarización de la producción del escritor impuesta por el carácter industrial de la producción de libros y, consecuentemente, por la anonimización de dicha producción tienen directa repercusión en el tratamiento y percepción de los derechos de autor y la apropiación que de ellos hace la empresa editora. La LPI establece en su artículo 51 que la transmisión de los derechos de la «obra creada en virtud de la relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato» escrito, pero que en caso de faltar este contrato «se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva» al editor. En la práctica, en virtud de la desigualdad existente en la relación de fuerzas entre el editor y el escritor, esta formulación supone la concesión tácita e imperativa de todos los derechos autorales a la empresa editora. En estas circunstancias, el escritor de encargo queda totalmente sometido a las condiciones determinadas unilateralmente por la editora contratante, la cual controla todos los resortes, legales, laborales y económicos, para producir una obra y usufructuar los derechos de autor y los beneficios materiales e inmateriales que devengue, sin límites cuantitativos de edición y de tiempo.

Asimismo, el escritor como autor de encargo, al no reconocérsele su condición de asalariado, aparece categorizado como trabajador autónomo y como tal es quien se hace cargo de todos los costos previsionales y funcionales que acarrea su labor creativa. Costos a los que deben sumarse los económicos y sociales generados por los períodos de paro, cuyas consecuencias se agravan tanto por la precariedad laboral como por la vigencia ilimitada, en el tiempo y en el número de ediciones, de la cesión de los derechos. Es decir, que el escritor como autor de encargo es un trabajador en relación de dependencia opaca obligado a exponer su capital intelectual y bibliográfico y financiar su tiempo de producción a cambio de una remuneración, calculada unilateralmente por las empresas editoriales en folios, número de caracteres o tanto alzado, que incluye también la parte correspondiente de las plusvalías que genera la obra sin cuyo aporte autoral no existiría.

La tendencia a la anonimización de la producción editorial se traduce en la cada vez más frecuente práctica de publicar libros sin el nombre de su autor o reseñando a éste de modo testimonial en el copyright, lo que más bien tiene el objetivo de salvaguardar a la empresa editorial de una posible reclamación legal del autor, que de reconocer los derechos de explotación de las obras de las cuales ya se considera propietaria. Pero el punto más conflictivo de esta tendencia y, probablemente, el de mayor repercusión económica se verifica en la llamada obra colectiva. De acuerdo con el artículo 8 de la LPI «se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada». Por lo tanto, salvo pacto en contrario, «los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre».

Es indudable que el redactado de este artículo es claramente favorable a los intereses empresariales en detrimento de los derechos de los autores que intervienen en su elaboración, independientemente de sus vínculos laborales, como autónomos o asalariados, con la empresa editorial. No obstante, cabe apuntar que en las obras colectivas no siempre concurren las condiciones expresadas por la LPI. Aparte de que en no pocas ocasiones aparecen en las obras colectivas los nombres de distintos autores, sobre todo cuando éstos son especialistas de determinadas materias, en la mayoría de los casos, cuando sólo aparece el nombre del editor como autor y, consecuentemente, propietario de los derechos, también es posible establecer los nombres de los distintos autores que han intervenido a través de los contratos o de los simples pagos efectuados por la elaboración. Quiere decir que dichos pagos hacen perfectamente factible que más tarde se pueda atribuir separadamente a cualquiera de ellos su parte alícuota de los devengos autorales. Por lo tanto, la fusión del texto en la obra colectiva no tiene por que interpretarse como una forma de extinción del derecho de los autores en favor del editor. Sí que cabe reconocer en este aspecto y en virtud del encargo el lazo indisoluble entre editor y autores en la obra colectiva y el derecho del editor a gestionarla. La cuestión es que este derecho de gestión no es equivalente, ni debe considerarse como tal, al derecho de autor y mucho menos a la cesión a perpetuidad de la propiedad del mismo.

En el marco de estas relaciones entre las empresas editoriales y los autores de encargo se hace absolutamente necesario un debate serio, generoso y responsable entre las partes implicadas. Este debate debería tener repercusiones prácticas fundadas en la justicia social y en la voluntad de normalización de las relaciones entre escritor y editor en el marco de una actividad industrial, como es hoy la editorial. Por un lado sería conveniente que se aceptara sin prejuicios, tanto por parte de los editores como de los escritores, la figura del escritor como autor de encargo y se reconociera su aportación como «materia prima vital» para el proceso industrial del libro. Por otro lado los legisladores deberían corregir en la LPI una situación que, si no atenta claramente contra los intereses y el bienestar de la parte más débil, al menos favorece en su redactado actual a las empresas editorales, precisamente en un momento en que la actividad editorial tiende a concentrarse en grandes corporaciones multimedia.

Una negociación racional entre las asociaciones colegiales de escritores, que ostentan también la representatividad de los traductores, y los organismos representativos de los editores permitiría el establecimiento consensuado de pautas de valoración y tarifación de los textos según el tipo de obra al que están destinados; mecanismos para el control de la aplicación de tales tarifas y sus actualizaciones; pormenorización, limitaciones y vigencia de los derechos de autor de obras individuales y/o colectivas; recursos para el seguimiento de los derechos de autor a través de reelaboraciones o reimpresiones de obras «opacas», etc.

Estos y otros puntos que afectan a los escritores y que definen la naturaleza de su vínculo laboral en los albores del siglo XXI son los que requieren un tratamiento urgente para corregir una situación de evidente injusticia social.

 

Publicado en el Boletín de la ACEC, nº 50, septiembre-octubre 2003.

Ilustración de Dante Bertini