Argentina,
del caos político
al crash económico

El colapso económico de Argentina producido a finales de 2001, que se ha traducido en la mayor suspensión de pagos de la historia, es consecuencia de una combinación de factores económicos, políticos y sociales, tanto internos como externos, que han marcado la historia del país.

Al iniciarse el siglo XX la República Argentina se configuraba como una de las grandes potencias mundiales. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI su situación es radicalmente distinta. El colapso económico y el deterioro de la vida social y política amenazan con devolver el país a los tiempos de la anarquía anteriores a la Constitución de 1853.

Las causas históricas de diversa índole que han llevado a este país, cuya economía es la tercera más importante de Latinoamérica, al borde del abismo están vinculadas tanto a las limitaciones políticas de su sociedad y a las contradicciones ideológicas de su clase dirigente para implementar y consolidar un Estado democrático moderno, como a la acción de agentes externos.

En 1910, la elección de Roque Sáenz Peña como presidente de la República puede tomarse como el primer intento argentino de legitimar un régimen de gobierno capaz de edificar ese Estado moderno sobre la base de un sistema democrático e instalar a Argentina entre los países industrialmente desarrollados. Por esas fechas, la autoridad del Estado, que gravitaba sobre los enormes recursos económicos del país, no obstante la crisis económica coyuntural derivada de la caída de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional, no se cuestionaba, pero sí la legitimidad de su régimen de gobierno. En efecto, la naturaleza oligárquica del sistema fue puesto en tela de juicio por las organizaciones obreras surgidas de las masas inmigradas y de los movimientos políticos vinculadas con ellas. En consecuencia, el presidente Roque Sáenz Peña se vio obligado a sancionar en 1912 la ley de sufragio universal que lleva su nombre y que permitió la entrada de las masas populares en la vida política del país.

El orden democrático

La aplicación del sufragio universal abrió un período hegemonizado por los gobiernos de la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), y marcado por el desarrollo institucional y económico, éste caracterizado por la creación de una incipiente industria ligera, que repercutió favorablemente en amplias capas de la sociedad argentina.

Los radicales, sustentados en amplios sectores de la clase trabajadora, legislaron las relaciones laborales y, de acuerdo con su programa de consolidar su base social promoviendo las nuevas clases medias, apoyaron el movimiento de Reforma universitaria que reivindicaba una mejor enseñanza, la participación de los estudiantes en el gobierno universitario y la ampliación de la autonomía universitaria. Pero esta política progresista de desarrollo del sistema democrático tuvo su contrapartida conservadora, que se tradujo en la represión del movimiento obrero, que tuvo en la Semana Trágica de 1919 y en la matanza de la Patagonia de 1921 sus más dramáticos sucesos.

La crisis económica internacional originada por la Primera Guerra Mundial tuvo efectos negativos en Argentina, que sufrió un fuerte descenso de sus rentas fiscales y del comercio exterior, con el consiguiente menoscabo de la dinámica económica y del nivel de vida global. Fue entonces cuando, no obstante las reformas del radicalismo, se puso de manifiesto la pervivencia de las estructuras básicas del régimen agroexportador instituido por el presidente Julio A. Roca (1880-1886). La oligarquía terrateniente, que se había beneficiado de las tierras arrebatadas al indio y había impedido el reparto de miles de hectáreas a los inmigrados para su colonización, lo cual es causa a su vez del desequilibrio geodemográfico del país, seguía controlando los resortes principales del poder. De este modo, el crack mundial de 1929 fue la puntilla que dejó al radicalismo sin apoyo popular y favoreció las condiciones para el golpe militar fascista del general José Félix Uriburu de 1930, que significó la restauración del poder conservador y el comienzo de la llamada «década infame», que con perspectiva actual podría denominarse «era infame» y que se prolonga hasta los inicios del siglo XXI.

La «década infame»

La quiebra del orden constitucional en 1930 torció el rumbo histórico de la República Argentina al minar la evolución de una cultura cívico democrática consagrando en el imaginario popular la confusión de los intereses de clase con los intereses del Estado y el autoritarismo, con sus variantes militar y caudillista, como fórmula de solución de los problemas sociales, económicos y políticos del país.

Tras el golpe militar de 1930 surgió un Estado vulnerable a las tensiones de los distintos grupos de poder, de los cuales las Fuerzas Armadas se erigieron en árbitro siempre dispuesto a intervenir para restablecer el orden, aunque ello supusiera trasladar a la sociedad sus propias contradicciones corporativas. Así, las disputas ideológicas entre los bandos aliadófilo y nacionalista del Ejército en detrimento de la res publica, la carencia de voluntad política para impulsar el desarrollo industrial y los devastadores efectos de la recesión económica determinaron finalmente el resquebrajamiento del régimen conservador y abrieron el camino a un nuevo modelo populista de tono fascista impulsado por el movimiento peronista.

La hora de los «descamisados»

El punto crucial del cambio de régimen está señalado por el ascenso del general Juan Domingo Perón en 1945 y su sistema popular-estatista. La política de Perón, fundada en el intervencionismo del Estado para la orientación y gestión del desarrollo económico, se vio inicialmente favorecida por la situación internacional de la posguerra. En este marco propicio, el gobierno de Perón emprendió la nacionalización del Banco Central y de las empresas extranjeras de servicio, medida que tuvo un alto rédito político a un alto costo económico; promovió el desarrollo de la industria ligera, y tomó medidas tendentes a redistribuir la renta y a ampliar el campo de la justicia social.

Sin embargo, el proceso de industrialización ligera que impulsó no superó el antiguo esquema agroexportador, ya que su funcionamiento estaba ligado a las divisas procedentes del campo. Esta debilidad estratégica del régimen condenó desde el principio al fracaso a la Argentina potencia que postulaba el peronismo, dado que las dificultades en la estructuración de una economía basada en una industrialización limitada por la dependencia tecnológica del país orientaron al régimen político peronista, sustentado en el clientelismo y en la burocracia sindical de la CGT (Confederación General del Trabajo), cuyas prácticas condicionarían a partir de entonces la actuación del movimiento obrero, hacia formas más autárquicas de gobierno. Formas que al final fueron la causa de su caída en 1955.

Efectos de la política de bloques

Finalizada la Segunda Guerra Mundial y dividido el mundo en dos bloques ideológicos, las potencias occidentales encabezadas por EE.UU. promovieron una activa fase de desarrollo y constituyeron, acaso como una soberbia operación propagandística, el estado de bienestar. En ese contexto, las grandes empresas multinacionales reactivaron su objetivo de internacionalización del capital sobre la base de mantener las condiciones políticas, institucionales, ideológicas y de cualquier otra naturaleza que asegurasen la reproducción capitalista.

La sociedad entre el gobierno estadounidense y los monopolios económicos concretó entonces el más grande aparato de control y represión mundial jamás conocido. Este aparato, que se hizo extensivo a otras potencias occidentales, dispuso de poder económico, militar y de espionaje y de mecanismos de penetración ideológica formidables, que resultaron determinantes para la vida de los estados latinoamericanos. En un principio este proceso de internacionalización del capital determinó la consolidación de los Estados-nación latinoamericanos, a través de cuyos gobiernos las compañías multinacionales buscaron asegurarse la gestión de sus intereses con la connivencia con las clases dominantes nativas.

Dentro de este marco, en la década de los sesenta Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina ya habían articulado sistemas políticos dotados de aparatos represivos y permeables al capital transnacional. Los gobiernos civiles de los radicales Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966), ilegitimados por la proscripción del partido Justicialista (peronista), y la tutela militar, y condicionados por la presión de sectores empresariales vinculados al capital extranjero y la acción de los sindicatos peronistas fracasaron en sus intentos de implementar políticas independientes y tímidamente nacionalistas. Frondizi fue destituido después de ser obligado por los militares a anular unas elecciones legislativas ganadas por los peronistas, lo cual suponía una adulteración más del sistema democrático, e Illia lo fue tras un duro ataque de las corporaciones industriales, agrícolas y financieras y la burocracia sindical peronista que acusaron a su gobierno de ineficacia administrativa y demagogia fiscal.

El general Juan Carlos Onganía (1966-1970), con el pretexto de imponer la paz social, «preservar la moral y los valores espirituales de la civilización occidental y cristiana», y modernizar la economía del país, proclamó la Revolución argentina sobre la base de la doctrina de «seguridad nacional». En realidad este gobierno militar se caracterizó por su política favorable a los intereses económicos y geoestratégicos estadounidenses en detrimento de los nacionales y por una dura e indiscriminada represión social y política inédita hasta entonces en la vida del país. Como respuesta a ella, se produjeron protestas obreras y estudiantiles en las principales ciudades del país y alcanzaron su punto más álgido en mayo de 1968, cuando estalló el llamado Cordobazo, hecho que también se considera como punto de arranque de la acción generalizada de los grupos insurreccionales de la izquierda revolucionaria.

La marea negra

La recesión económica mundial de los setenta provocada por las crisis petroleras generó importantes excedentes financieros, como los famosos petrodólares, que fueron utilizados por los países desarrollados para pagar a los países productores de la OPEP. Tal cantidad de dinero circulante sin absorber por la economía real o productiva afectó en general el crecimiento económico y colapsó el sistema vigente de los tipos de cambio originando un desequilibrio en el crédito mundial y una fuerte espiral inflacionaria.

En Argentina, esta situación se tradujo en una creciente tensión social y en una sucesión de golpes y contragolpes de Estado, a los que no fueron ajenas las multinacionales, que tomaban posiciones en la economía nacional junto con los acreedores externos encabezados por el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y el Club de París. De este modo, paulatinamente, el aparato económico argentino fue quedando a expensas de la creciente deuda exterior y de las inversiones extranjeras al tiempo que se debilitaba su capacidad mercantil, se concentraban los ingresos en pocas manos y se degradaba la capacidad de maniobra del Estado.

Paralelamente, las tensiones derivadas de la guerra fría movieron a EE.UU. a acentuar la presión ideológica sobre los países latinoamericanos al mismo tiempo que buscaba asegurar espacios geográficos para la experimentación de las teorías monetaristas de la Escuela de Chicago destinadas a neutralizar el colapso de la economía mundial. Pero la aplicación en los países «en vías de desarrollo» de los postulados doctrinales del economista Milton Friedman exigía una total libertad de movimientos para el capital extranjero, especialmente del financiero, lo cual hacía imprescindible la eliminación de cualquier foco opositor, tanto sindical como político. El golpe del general Augusto Pinochet en Chile en 1973 contra el presidente Salvador Allende, en el cual está constatada la participación directa de la CIA (Central Inteligence Agency) y de la compañía IBM, fue el primer y más dramático ejemplo de cumplimiento de este objetivo.

La situación social y política de Argentina en esos momentos había aconsejado al estamento militar a retornar a los cuarteles y entregar el gobierno a los civiles. El general Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973), quien había participado en los golpes que derrocaron a los presidentes Frondizi, Illia, Onganía y Levingston (1970-1971), después de que «Montoneros», grupo guerrillero peronista, secuestrara y matara al general Aramburu, organizó la vuelta al orden constitucional y convocó las elecciones de 1973, que ganaron los peronistas.

El FREJULI (Frente Justicialista de Liberación), siglas con las que se presentó el partido peronista, pronto mostró las limitaciones de sus planes económicos y, sobre todo, una crisis ideológica contaminada a su vez por las luchas intestinas por el poder. El ala izquierdista del peronismo, que había ganado amplios sectores medios de la sociedad, amenazó por entonces con desbordar los límites del populismo conservador del movimiento y esto obligó al mismo Juan Perón y a la vieja guardia del partido a dar un golpe interno para frenar el «peligro comunista» que se cernía sobre la ortodoxia doctrinal y el poder de la burocracia sindical. La obligada dimisión del presidente Héctor Cámpora y la convocatoria de nuevas elecciones en favor de Perón, la matanza de Eceiza que se produjo al regreso de éste al país, y la acción de grupos terroristas parapoliciales, de los que surgió la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), fueron algunas de las manifestaciones de este proceso de reencauzamiento que restaron credibilidad al sistema democrático y mantuvieron activos los focos de violencia social.

Tampoco el radicalismo fue inocente en la generación de esta situación de inestabilidad política y social. Ricardo Balbín, líder de la UCR, condenó las acciones reivindicativas de los trabajadores llamándolos «guerrilleros industriales» y el partido proporcionó funcionarios de todo rango a la posterior dictadura militar. Al tiempo que el gobierno peronista, continuado por María E. Martínez de Perón (1974-1976) a la muerte del caudillo, se veía impotente para frenar la espiral inflacionaria, se instalaba en el país la cultura de la violencia. La sociedad argentina se vio entonces sometida a la represión policial, la acción terrorista de las bandas derechistas parapoliciales y paramilitares y a la actividad de los grupos guerrilleros de la izquierda revolucionaria, cuyo soporte social no tardó en demostrarse minoritario.

La guerra sucia

En marzo de 1976, con la complicidad de las cúpulas sindical y eclesiástica y de sectores del alto empresariado y la callada aceptación de amplias capas de la sociedad, las Fuerzas Armadas derrocaron a la viuda de Perón y abrieron la etapa más siniestra de la historia argentina del siglo XX. Con el denominado Proceso de Reorganización Nacional, la Junta de comandantes, presidida por el general Jorge Rafael Videla, institucionalizó el terror de Estado a través de una vasta y eficaz represión que provocó miles de muertos, desaparecidos y exiliados, en el marco de un plan continental diseñado por EE. UU. y conocido como «Operación Cóndor» y en la jerga militar local como «guerra sucia».

Eliminada toda forma de oposición, los sucesivos gobiernos militares afrontaron las reformas económicas necesarias para la «reorganización nacional» de acuerdo con las doctrinas monetaristas. El ejecutor de los dictados de FMI fue José Martínez de Hoz, miembro de una familia de la oligarquía terrateniente, cuya política primó la economía financiera sobre la productiva, con el consiguiente y rápido empobrecimiento de la población, desmanteló la infraestructura industrial del país para acomodarlo al diseño del nuevo mapa económico internacional, y propició un espectacular aumento de la deuda interna y externa. Como dato significativo basta considerar que entre 1976 y 1981 el crecimiento del sector industrial fue sólo del 2%, mientras que el crecimiento del financiero fue del 150%.

Al iniciarse la década de los ochenta en estas condiciones, con la oposición política eliminada y los programas de los partidos políticos tradicionales acomodados a la nueva realidad, el control social y económico en manos del capital financiero, y extendida la cultura de la especulación, el mantenimiento de un régimen de fuerza en el gobierno se hacía innecesario. La guerra de las Malvinas precipitó el retorno al orden civil. Provocada en abril de 1982, por el sector duro del régimen como una vía para perpetuarse en el poder y contrarrestar las protestas de los trabajadores, cuyos salarios habían caído hasta un 40%, la guerra de las Malvinas devolvió a las Fuerzas Armadas a los cuarteles pero no les restó su poder de tutelaje político.

La restauración democrática

El régimen democrático instaurado en 1983 heredó un país al borde del colapso económico y una sociedad con graves deficiencias culturales para la gestión del orden civil y, consecuentemente, del desarrollo económico. En este sentido, los sucesivos gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) dieron continuidad, principalmente a través de Domingo Cavallo, al modelo económico instaurado por la dictadura militar, pero sobre todo tomaron medidas políticas que impidieron la recuperación moral de la sociedad argentina.

La quiebra de los valores éticos causada por la tortura y el terror de Estado durante la dictadura quedó legitimada por la sanción de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida y el perdón presidencial a los militares juzgados. La exoneración de los responsables de las graves conculcaciones de los derechos humanos durante la dictadura consagró la idea de impunidad de los actos dolosos en el imaginario popular y dio carta de naturaleza a la corrupción, favorecida por una devastadora política de privatizaciones destinada a paliar las carencias de un orden económico improductivo.

La vulnerabilidad de la economía argentina y de los países latinoamericanos está íntimamente vinculada al modelo neoliberal y a los planes de ajuste diseñados por el FMI, asegura Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía de 2001. La pérdida de soberanía cambiaria en virtud de la llamada convertibilidad que mantenía artificialmente la paridad de la moneda argentina con el dólar estadounidense, el endeudamiento crónico, la pérdida de patrimonio estatal como consecuencia de las privatizaciones de empresas y servicios públicos, entre éstos el de la seguridad social, la carencia de bienes de servicio y tecnológicos, y un obsoleto sistema fiscal están también en el origen de la reducción de las rentas, las continuas recesiones económicas y la generalización de la pobreza.

Pero junto a estas causas directas del colapso económico y social que estalló en diciembre de 2001 en Argentina no son menos importantes la descapitalización cultural, la extensión de la corrupción en todo el tejido social y el vacío político dejado por la aniquilación de la generación que debía tomar el relevo en la dirigencia del país.

La acción represiva de la dictadura rompió con la tradición de un país que tenía la cultura como uno de sus más preciados bienes. En este sentido, el régimen militar no sólo tomó efectivamente las universidades, sino que intervino en todos los estamentos de la educación pública condicionando los planes de estudios y reduciendo las dotaciones presupuestarias hasta provocar una dramática caída en los niveles de la enseñanza y la investigación y la fuga de cerebros, condiciones que continuaron tras las restauración de una democracia institucionalmente débil. Una de las causas de esta debilidad debe buscarse en la tragedia que supuso para el país la represión de su culta clase media y la pérdida de una generación, cuyos miembros fueron perseguidos, torturados, asesinados u obligados a exiliarse. Este hecho se tradujo en la carencia de un relevo generacional y, consecuentemente, en que la dirección de Argentina volviese a una generación no exenta de responsabilidad en el desastre social, político y económico sufrido por el país. Una responsabilidad culposa que ha condicionado la democracia argentina y dado lugar a la sanción de leyes que, como la de Obediencia Debida y Punto Final, consagraron la impunidad de quienes habían cometido graves crímenes y delitos y, borrando cualquier referente moral, devaluaron los valores éticos del ciudadano argentino.

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Publicado en Historia y Vida, nº 408.