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Antonio
Tello
 
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El escritor
como trabajador

 

    El triunfo del pensamiento racionalista europeo y en particular del cientificismo decimonónico están en el origen del espectacular desarrollo científico y tecnológico que se ha verificado en el curso del siglo XX. La velocidad con que tal desarrollo se ha producido ha tenido un impacto transformador tan profundo que en la sociedad que ha supuesto para el ser humano un enorme esfuerzo de adaptación. Un esfuerzo que ha puesto de manifiesto la elemental contradicción entre el asombro de su propio genio y el desconcierto por lo conseguido y, sobre todo, por lo que puede conseguir. En este proceso, la ciencia y la tecnología han avanzado de un modo paralelo y a la vez independiente como respuesta a las exigencias de una sociedad hiperdinámica, fomentando una extrema especialización, a veces estanca, y una tendencia a valorar los logros al margen de su repercusión en la conducta humana.

    En este contexto, la leyes económicas que han acabado por prevalecer y regir el orden social son las capitalistas, las cuales precisan de espacios libres para desarrollarse. Sobre estos presupuestos nacieron y crecieron las democracias occidentales, se establecieron los derechos del hombre y los derechos humanos y, sin entrar en el análisis de determinados factores y circunstancias históricos, también el estado de bienestar y su correlato mercantilista, la sociedad de consumo. Ahora bien, probablemente como consecuencia de la misma velocidad del desarrollo en algún momento de este proceso, los gestores de este sistema económico perdieron de vista que el objetivo de los avances era la felicidad del ser humano y se abocaron no sólo a la creación de riquezas sino a la acumulación y concentración de las mismas, con lo que los espacios de libertad pasaron denominarse simplemente mercados o, sobre el perverso sustento de la especulación, mercados de valores.

    En este complejo proceso civilizador que al iniciarse el siglo XXI abre las puertas a una tercera revolución industrial, el escritor aparece como un profesional obsoleto anclado en las premisas y consideraciones sociales que rigieron hasta el siglo XIX. Su situación actual revela que no sólo no conserva el estatus social decimonónico sino que tampoco se ha beneficiado de los avances sociales ganados por la clase trabajadora, a la que sin duda pertenece por profesión.

    Los factores que han conducido a esta especie de marginación son varios. Algunos de ellos tienen su origen en la peculiaridad de la materia que trata y de las herramientas que emplea para elaborar su producto. Tal peculiaridad sancionó una especie de egolatría intelectual correspondida y mimada por el mecenazgo de reyes y hombres ricos y atendida por la consideración de la masa social, lega o letrada, en tiempos en que el ser humano dominaba sus propias realizaciones. Sin embargo, la veloz industrialización del siglo XX transformó su producto singular en producto de consumo y sometió su capacidad de creación a las leyes fabriles y mercadotécnicas sin que el escritor acabase de digerir este cambio radical de su situación, ni darse cuenta de que el editor había pasado a ser un «gestor cultural» atento a los beneficios empresariales y no a los intereses artísticos.

    Esta incapacidad para reconocerse como «productor cultural» y para acomodarse a la realidad de la moderna sociedad industrializada explica su situación de desamparo social y a la vez alimenta la percepción errónea que el resto de la sociedad tiene de ella. Tampoco las asociaciones en las que se agrupa han abordado sin prejuicios la problemática del escritor-productor, acaso porque a sus mismos dirigentes les cuenta aceptar la «obrerización». Sólo de este modo puede explicarse la absurda exención del IVA para los textos que produce, pero no para los libros y otros artículos que consume en el ejercicio de su trabajo; que se crea que el pago de los derechos de autor pasa por la letra de unos contratos de determinados libros; que la generación de derechos de los autores clásicos nutra sólo las arcas de los editores; que no exista un epígrafe fiscal específico y como profesional tenga un trato de empresario gravándosele sus ingresos brutos; que carezca de cualquier tipo de protección social, etc.

    Estos y otros factores hacen necesario un debate profundo sobre la «verdadera» problemática del escritor en la actualidad en tanto «trabajador de la cultura». Dicho debate, con miras a resultados prácticos que permitan la adopción de medidas eficaces, debería centrarse, entre otros, en los siguientes puntos:

  • Pautas de valoración y tarifación de los textos según el tipo de obra al que están destinados.
  • Mecanismos para el control de la aplicación de las tarifas y sus actualizaciones.
  • Pormenorización de los derechos de autor de obras individuales y/o colectivas.
  • Mecanismos para el seguimiento de los derechos de autor a través de reelaboraciones o reimpresiones de obras «opacas».
  • Negociación con los editores de los derechos de autor de los clásicos.
  • Creación de una mutua o seguridad social para los escritores.
  • Reducción de las cargas impositivas y obtención de algunas ventajas fiscales para los escritores como profesionales o para sus asociaciones gremiales.

    Estos y otros puntos constituyen cuestiones cruciales que hacen a la labor cotidiana de los escritores, la mayoría de los cuales se encuentra inerme ante las fuerzas que dominan el mercado y que dictan las reglas de relación del nuevo orden social.

 

 

 

     
                 
                 
           
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