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Latinoamérica
y la crisis
de su modelo cultural

 

    La situación de subdesarrollo generalizado que caracteriza a la América Latina, no obstante la riqueza de sus recursos naturales y de contar con países económicamente potentes, como México, Brasil y Argentina, constituye la consecuencia lógica de un proceso histórico que, desde el siglo XVI, ha falseado su realidad cultural.

    Los principales factores que han intervenido en la consagración de un crónico sistema de dependencia política y económica están vinculados a la naturaleza de la Conquista y Colonización hispánicas y a la persistencia de su ideología en la acción de las elites criollas tras la emancipación. De aquí que las actuales crisis económicas de los Estados latinoamericanos, independientemente de sus causas más inmediatas, sean también las crisis de sus modelos culturales. Unos modelos que, proyectados como una impostura sobre la realidad cultural del continente, afectan a los cimientos del Estado e ilegitiman sus regímenes democráticos.

    La conquista española de América tuvo lugar en un momento histórico en que en Europa empezaba a fraguarse una revolución científica de gran envergadura. España desempeñaba entonces un papel primordial como foco de difusión del saber occidental. Sin embargo, el triunfo de la Contrarreforma en el ámbito del imperio español prolongó la hegemonía del pensamiento escolástico y la consiguiente condena de formas de saber abstractas.

    En los demás Estados europeos, especialmente en los del área anglosajona, la evolución de la producción artesanal en combinación con el saber científico y la tecnología desembocó en el siglo XVII en una verdadera revolución industrial. España quedó al margen de este proceso y, consecuentemente, no pudo transferir a Latinoamérica la moderna tecnología, sentando así las bases de su atraso histórico, a pesar de los esfuerzos realizados por pequeños grupos de intelectuales humanistas y de algunos hombres industriosos.

    Un primer y prometedor período favorable al estudio de las ciencias se dio en el siglo XVI gracias a las universidades de México y Lima y de otras ciudades de la América hispana y a la instalación de varias imprentas. El Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco fue un centro humanístico comparable en su función a la Escuela de Traductores de Toledo. Asimismo, en el plano tecnológico, el sevillano Bartolomé Medina introdujo en México, en 1555, un innovador procedimiento para la obtención de la plata por amalgamación, que años más tarde fue perfeccionado en Perú por Alonso Barba. Otro período importante para las ciencias hispanoamericanas se dio en la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. Sin embargo, en ambas épocas las vías de investigación quedaron en general limitadas al campo de las ciencias naturales, y la tecnología que se transfirió fue en general de carácter agrario y anticuada.

    Las carencias teóricas y de perspectiva productiva que se dieron en la investigación científica colonial, a las que no fue ajeno cierto desdén por el trabajo heredado del hidalguismo, se pusieron de manifiesto en las deficiencias de las aplicaciones prácticas y en el escaso interés por orientar la producción artesanal hacia formas industriales. Sólo en México y, en menor medida, en Colombia hubo un cierto impulso científico que, sin embargo, no bastó para generar un desarrollo tecnológico de largo alcance.

    El problema fundamental que se gestó por entonces y que habría de determinar las disfunciones sociales futuras fue la incomprensión que manifestaron los pensadores europeos en general acerca de la realidad americana y la escasa consideración que les merecieron los pueblos que, aun aislados de cualquier contacto con Europa y Asia, habían llegado a crear civilizaciones originales y altamente desarrolladas. En el mejor de los casos, los humanistas percibieron el nuevo continente como un campo virgen propicio para la fundación de un nuevo mundo bajo los parámetros civilizatorios europeos. Este fue el caso de las experiencias utópicas del obispo Vasco de Quiroga en Michoacán, del padre Bartolomé de las Casas en Verapaz y de los jesuitas en Paraguay.

    Pero tanto estos intentos como el modelo colonial adolecían del mismo defecto: ignorar la realidad. Era tan imposible promover una sociedad indígena arcádica bajo el patrocinio blanco europeo, mientras su presión cultural era cada vez más fuerte y avasalladora, como desarrollar una sociedad europea en América, pretensión que se expresa en topónimos como Nueva España, Nueva Andalucía, Nueva Granada, etc., sin reconocer la cultura nativa ni aceptar la participación indígena en su construcción. Y es precisamente esta negación del soberbio mestizaje que se produjo desde los mismos inicios de la Conquista la que ha condicionado y viciado la definición de una identidad latinoamericana y, correlativamente, de las identidades nacionales surgidas tras las guerras de emancipación.

    Dado que la base del sistema colonial consistía en producir la mayor cantidad posible de metales o productos agropecuarios con el menor desembolso de recursos por parte de la metrópolis, la minoría blanca acentuó la monopolización de los recursos de la tierra para procurarse la satisfacción de los productos manufacturados que necesitaba. La demanda de estos productos dio a su vez preponderancia al grupo de mercaderes que intermediaba entre las colonias y la metrópolis. El ingente caudal de riquezas, generado principalmente por la extracción de metales o, en el caso argentino, por la obtención de pieles de miles de cabezas de ganado, hizo innecesario el desarrollo de una industria y con ello la existencia de una burguesía local productiva.

    La oligarquía colonial, formada por burócratas virreinales y mercaderes, conformó el principal núcleo de poder que condicionó la organización y el comportamiento de la sociedad colonial, en cuyo polo opuesto se hallaba el grueso de la población. Fue esta minoría, en cuyo seno surgieron las contradicciones que inspiraron las guerras de emancipación política, la que se hizo con el poder de las nuevas repúblicas sin modificar las estructuras de la sociedad colonial. Los movimientos revolucionarios latinoamericanos del siglo XIX fueron así expresiones de las elites criollas que actuaron con mentalidad colonial sin contar políticamente con el grueso de la población, pero de la que se valieron para formar sus ejércitos.

    Tras el derrumbe del imperio colonial español, los caudillos hicieron prevalecer sus propios intereses, particulares o regionales, sobre ideas más amplias y ambiciosas acerca de lo que debían de ser los Estados latinoamericanos y su organización. De aquí que fracasara el proyecto de un Estado continental acomodado a las características y necesidades de Latinoamérica y que su principal mentor, Simón Bolívar acabara dejando Perú con la secesión consumada de Bolivia, a su vez desgajada de la jurisdicción del Río de la Plata apenas comenzada la guerra de emancipación; a Ecuador constituido en república independiente encajada entre Perú y la Gran Colombia, y a ésta nuevamente dividida en dos Estados por la acción de sus caudillos nacionales.

    El caudillismo determinó que el Estado no se concibiera en América latina como una creación surgida de la comunidad, sino como una confluencia de intereses de clase que debían sustentar el marco jurídico-administrativo de un proyecto económico particular. Con la marginación de la mayoría de la población en la construcción del Estado no pudo surgir una sociedad civil activa y participativa que se convirtiera en una sociedad nacional. En consecuencia, las «democracias bárbaras» de la segunda mitad del siglo XIX fueron casi siempre el marco de expresión de las tensiones que han caracterizado las relaciones entre el Estado y la sociedad y determinado las crisis económicas y la inestabilidad política crónicas de los países latinoamericanos.

    La clase oligárquica, al valerse del personalismo de sus gobiernos para consolidarse en el poder y promover el progreso económico, creó un Estado que se reveló fuerte en el campo administrativo y endeble en el político, precisamente donde se localizan las instituciones destinadas a generar los elementos formativos de la sociedad civil y de la identidad nacional. Este desequilibrio funcional explica por un lado el estrecho vínculo entre el Estado y el desarrollo de la economía, y por otro la escasa vinculación de la ciudadanía con los asuntos públicos.

    Pero la fortaleza administrativa de los Estados no fue estable a pesar de que los gobiernos oligárquicos, inspirados por las premisas positivistas, lograron la cohesión administrativa y el control de un espacio económico doméstico y con ello fases importantes de desarrollo económico. Al mantener intacto el sistema de propiedad de la tierra y la exportación de productos agropecuarios o minerales como factores básicos de la economía, sus economías fueron vulnerables a las oscilaciones del mercado internacional, controlado por las grandes potencias capitalistas. Además, la consiguiente institucionalización del vínculo del Estado con el capital extranjero, el cual dominó el comercio, los transportes y las finanzas domésticos, supuso en los hechos una renovación del pacto colonial con nuevas metrópolis y el mantenimiento de las circunstancias que impedían la formación de un «espíritu industrial» en la burguesía local.

    Como expresión de su concepción ideológica, los gobiernos oligárquicos y sus sucesores pequeño-burgueses o populistas promovieron y exaltaron los recursos naturales como valores de riqueza inagotable, pero no hicieron lo mismo con el trabajo. La minusvaloración ética del trabajo es un punto fundamental que permite considerar que las históricas crisis económicas de mayor intensidad, independientemente de sus causas más inmediatas y directas, son al mismo tiempo crisis estructurales y éticas que surgen de las tensiones no resueltas entre las fuerzas sociales y el poder disociados por la carencia de un esfuerzo común. Al mismo tiempo, estas tensiones implican una inconsecuencia entre la enunciación y la práctica constitucionales que afecta a la estabilidad institucional del Estado.

    Siempre en el marco de una economía fundamentalmente agroexportadora, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial se verificó el primer proceso industrializador, al que siguió otro más importante, especialmente en Brasil, Argentina, Chile y México, durante la Segunda Guerra Mundial. Tales procesos provocaron una transferencia tecnológica de las grandes potencias industriales a los Estados latinoamericanos que, al responder casi exclusivamente a necesidades de consumo local y obviar las condiciones medioambientales, no sólo tuvo efectos nocivos para los ámbitos ecológicos sino que acentuó la dependencia a través de la acción depredadora y desestabilizadora de los grandes consorcios multinacionales.

    La sociedad entre el gobierno estadounidense y los monopolios económicos concretaron entonces el más soberbio aparato de control y represión jamás conocido. Este aparato, que se hizo extensivo a otras potencias económicas, dispuso de poder económico, militar y de espionaje y de mecanismos de penetración ideológica formidables, que resultaron determinantes para la vida de los Estados latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. Así, en los años sesenta Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina ya habían articulado sistemas políticos permeables al capital multinacional y dotados a sus gobiernos de sistemas represivos sobre la base de la doctrina de «seguridad nacional» patrocinada por Estados Unidos. En la siguiente década, las crisis petroleras generaron un gran colapso económico en los países industrializados, cuya onda expansiva alcanzó a los países de economías intermedias y, casi en enseguida, también a los que habían iniciado un proceso de industrialización, como México, Brasil y Argentina.

    La situación se tradujo en una creciente tensión social y en una sucesión de golpes y contragolpes de Estado, a los que no eran ajenas las multinacionales, mientras los aparatos económicos de los países latinoamericanos quedaban progresivamente hipotecados por la deuda exterior y a expensas de las inversiones extranjeras a la vez que se debilitaba su capacidad mercantil, se concentraban los ingresos en pocas manos y se degradaba el papel institucional del Estado.

    Al mismo tiempo que las tensiones derivadas de la guerra fría movían a EE.UU. a acentuar la presión ideológica sobre los países latinoamericanos, la lucha contra la recesión económica lo indujo a asegurar espacios geográficos libres de oposición para experimentar sus nuevas tesis económicas monetaristas. El golpe de Pinochet en Chile en 1973 fue el punto de partida de un proceso de afirmación ideológica y de reacomodación económica continental ejecutado por gobiernos dictatoriales que inauguraron uno de los períodos más trágicos de la historia latinoamericana. La institucionalización del terror fue el principal recurso de una vasta y eficaz operación represiva que provocó miles de muertos, desaparecidos y exiliados, al tiempo que ponía a los Estados latinoamericanos en situación de meros gestores locales de una economía capitalista en proceso de globalización.

    El modelo significó la destrucción del ya limitado aparato productivo y un espectacular aumento de la deuda interna y externa. En estas condiciones, al iniciarse la década de los ochenta, cuando estalló la crisis de la deuda externa al anunciar México la suspensión de pagos de sus créditos, la acción del capital financiero era suficiente para mantener el control social y económico de los países, lo cual hacía innecesarias las dictaduras y viable la restauración de la democracia.

    Sin embargo, los regímenes democráticos que se instauraron entonces adolecían institucionalmente de vicios que impedían el desarrollo económico y la estabilidad social. Dichos vicios eran la quiebra de los valores éticos causada por el terror de Estado y sostenida por la impunidad de sus promotores; la corrupción de la clase dirigente favorecida por la política de privatizaciones, y la religiosa aceptación de que el neoliberalismo era la única receta para rehacer las economías nacionales.

    La cesión de la soberanía cambiaria en virtud de la llamada convertibilidad, el endeudamiento crónico, la pérdida de patrimonio estatal como consecuencia de las privatizaciones de empresas y servicios públicos, entre éstos el de la seguridad social, la corrupción de las clases dirigentes y un obsoleto sistema fiscal son factores directamente relacionados con la reducción de las rentas, las continuas recesiones económicas y la generalización de la pobreza. De modo que para romper la dinámica totalitaria del nuevo orden internacional y refundar un Estado latinoamericano capaz de regular y gestionar con eficacia los recursos económicos propios y de implementar políticas que reorienten las tendencias globalizadoras hacia un sistema más equitativo se hace necesario una restauración de los valores éticos de la sociedad. Sólo desde estos nuevos parámetros y de la solidaridad continental, los bloques regionales como Mercosur o el Pacto Andino podrán tener una vigencia efectiva y actuar como factores de equilibrio frente a los grandes bloques.

    También debe tenerse presente que el fracaso de las actuales democracias latinoamericanas para asegurar el bienestar de sus ciudadanos no sólo es consecuencia de la incapacidad del modelo neoliberal para generar un desarrollo sostenido y equilibrado en las regiones, sino fundamentalmente de la debilidad de sus instituciones y de la errónea concepción del modelo cultural que inspiró los Estados del continente como parcelas de dominio de las clases dirigentes y entes subsidiarios de las potencias industrializadas.

    El reconocimiento de la diversidad cultural y la ampliación de la base social, con la inclusión de todos sus estratos, son imprescindibles para la legitimidad del régimen democrático y de las instituciones que amparan y regulan la vida de la comunidad, y la constitución de Estados con pleno ejercicio de su soberanía.

    No debe olvidarse tampoco que, en este marco institucional del Estado, cualquier plan de desarrollo económico y de cambios tecnológicos está vinculado a la acción individual y colectiva de las personas y que son sus valores éticos los que marcan las tendencias orientadas al bien común. La responsabilidad y la solidaridad, ejercitadas individual y colectivamente, son factores culturales primordiales de sustentación de una identidad continental y, consecuentemente, de reconocimiento de los propios recursos y potencialidades; la responsabilidad y la solidaridad son agentes activos de progreso que los ciudadanos deben restaurar —o inaugurar— en las sociedades latinoamericanas mediante su acción individual y colectiva a través de sus asociaciones vecinales, municipios, sindicatos, partidos políticos, etc., pues estas organizaciones instruyen las instituciones públicas, orientan las acciones de gobierno, llenan de contenido las premisas constitucionales y permiten la identificación del Estado con la sociedad.

 

Publicado en Lateral, número 96 - Diciembre, 2002

 

Este texto ha sido leído como conferencia en:

- Biblioteca Popular Santiago Rusinyol, Sitges,
dentro del ciclo "Nuestra América", organizado por ACIC (Asociación de la Comunidad Ibeoramericana en Cataluña) e ICCI (Institut Catalá de Cooperació Iberoamericana), el 25 de octubre de 2002

- Fundación Sergi, Girona, el 12 de marzo de 2003.

 

     
                 
                 
           
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